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GIOVANNI DUNI

LA UTILIZACION DE LAS TECNICAS ELETRONICAS EN LA EMANACION DE LOS ACTOS Y EN LOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. ARRANQUE PARA UNA TEORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN FORMA ELETRONICA(*)

Extraído de la Revista Administrativa de la República italiana

Año 129° - Junio 1978 - Volumen CXXIX - Fascículo 6

TIPOGRAFIA TAPPINI - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA)

1978


 

1. - Premisa. La forma escrita, a la cual está ligada la actividad administrativa, como principal obstáculo a la plena utilización de las técnicas electrónicas. La forma electrónica..

Actualmente existen ya en numerosas administraciones públicas aparatos e instrumentos electrónicos, incluso de vanguardia. Los cuales producen grandes beneficios, pero éstos son siempre parciales y, en conjunto, no han resuelto el problema de las graves disfunciones de las administraciones públicas.

La razón de este parcial fracaso es debida al hecho de que la vigente normativa concerniente a la forma de los actos y de los procedimientos administrativos no se concilia con la completa mecanización. Así como pone de relieve Giannini (Acto administrativo, en "Enciclopedia del Derecho", vol. IV, pág. 178), las exigencias de control de la acción administrativa y las certidumbres de los documentos públicos han llevado a la necesidad del documento escrito en la mayoría de los casos y siempre en los actos de mayor relieve. Este documento puede constituir, con arreglo al caso en cuestión, su "forma", como para los decretos administrativos que llegan a asistencia a través de la firma por parte de los funcionarios habilitados; puede también tratarse de documentación sucesiva, como los verbales de los órganos colegiales y los verbales de los exámenes.

En esta exposición intentaré demostrar que, con una reforma legislativa muy fácil pero con consecuencias revolucionarias, es necesario liberarse del escrito tradicional y consentir que el acto surja directamente en forma electrónica, en el mismo momento en que se produce en la memoria de la máquina. Paralelamente, por lo que se refiere a los demás casos en los que se requiere actualmente la escrituración, se debería conferir pleno valor legal a la introducción en los aparatos e instrumentos electrónicos de las verbalizaciones y de cualquier otro acto hoy en día ligado a la tradicional escrituración.

Con respecto a la memoria electrónica, que constituiría el archivo oficial, las reproducciones obtenibles serían solamente las copias. No es éste el lugar para delinear una teoría dogmática sobre el acto administrativo en forma electrónica, sobre sus reproducciones oficiales, y sobre la impugnación y contestación en general: es suficiente, por el momento, aludir a la existencia de este muy importante problema, y prospectar, sobre el tema, las consideraciones general que siguen.

2. - Las disfunciones en las administraciones públicas. La utilización de las técnicas electrónicas como instrumentos de eficiencia.

Como se ha dicho en el apartado anterior, los beneficios aportados por los aparatos e instrumentos electrónicos en las públicas administraciones, aunque relevantes, son solamente parciales y sectoriales. Es necesario por lo tanto estudiar no sólo la valoración cuantitativa y cualitativa de estos aparatos, sino también las condiciones necesarias para sus plena utilización, en la actualidad obstaculizada por los principios vigentes en materia de actos y procedimientos.

Si la Administración Pública fuese una empresa privada, la introducción y la plena utilización del automatismo en general y de las técnicas electrónicas en particular se realizaría - por lo menos en ciertos ámbitos - espontáneamente, por efecto de la competencia nacional e internacional, que impondría la utilización inderogable de todas las medidas idóneas para la mejora de la producción y de la disminución de los costes, so pena de la misma supervivencia de la empresa.

En la gestión de la empresa pública falta un estímulo tan potente y directo para la mejora de las estructuras. Una disyunción en un sector de la actividad administrativa causa solamente molestias para el ciudadano y algunas veces daños de carácter general y particular de grandes entidades. He dicho "solamente" no para disminuir la importancia de los hechos, sino para subrayar el hecho de que en la mayor parte de los casos todo se acaba en la aceptación de la molestia y del daño. El casi general estado de disfunción de las administraciones públicas ha generado en muchos ciudadanos una manera de pensar de tipo fatalista que los lleva a la aceptación de la realidad como algo ineludible. En los empleados públicos se puede constatar un sentido de desconfianza en las posibilidades de mejorar la situación, aunque con la buena voluntad del particular, que consecuentemente se arrastra fácilmente hacia el laxismo y una escasa afección al trabajo, haya, naturalmente, muchas excepciones de empleados públicos con un comportamiento meritorio.

La Administración Pública ha sido, ya desde hace mucho tiempo, equiparada por la doctrina a una empresa: en una situación de ausencia de competencia, produce servicios de carácter jurídico y de carácter material. Sin embargo, la falta de la competencia si, por un lado, excluye el peligro del "cierre por quiebra" determina, por otro, la posibilidad de daños generalizados y de una vastedad incalculable.

Además, el mismo hecho de que el bien o el servicio producido por el Estado cueste el doble o más de cuanto podría costar en una situación de mayor eficiencia significa reducción de riqueza y de la renta nacional, disminución del bienestar, imposición fiscal no proporcionada a los resultados y pérdida de la competencia internacional.

Infinitas pueden ser las formas de pérdida de riqueza. Se verifican - entre otras cosas - también cuando el ciudadano se ve constreñido a dedicar un tiempo excesivo en las ventanillas para la gestión de los asuntos que le interesan. Los errores diversos cometidos durante el procedimiento, o aún la simple lentitud, determinan disfunciones de todo tipo con la consecuencia de un mayor coste unitario del "producto" de la "empresa" administración pública, además con daños directos e indirectos para el ciudadano particular y para la entera colectividad al mismo tiempo.

Los empleados públicos deberían llegar a ser los protagonistas de la modernización de la administración pública, en la consideración de que cada uno de ellos es proveedor de un determinado servicio y, al mismo tiempo, en muchos aspectos, es también usuario de los servicios de las administraciones públicas y, en este caso se resiente de los daños generales y particulares como cada ciudadano.

Hoy en día es una costumbre normal que el ciudadano vaya a los despachos con el fin de acelerar los asuntos que le afectan, provocando así una serie de inconvenientes para el despacho y los empleados: a) necesidad de un enorme despacho de actividad para la relación con el público, siempre más intensa; b) alteración del normal ritmo de trabajo y por tanto la imposibilidad de una efectiva programación del trabajo ordinario.

El segundo de los inconvenientes señalados impide poder determinar con certeza la productividad de un despacho; sobre este tema volveremos a hablar en el ultimo párrafo, poniendo de relieve cómo el problema se podría resolver con los aparatos e instrumentos electrónicos.

Desde el punto de vista social no es indiferente subrayar que el hecho de poder ligar una gestión a un ritmo de trabajo cierto representa una razón de mayor igualdad entre los ciudadanos, porque no se discrima entre los que tienen conocidos en los despachos y aquéllos que no los tienen, y entre aquéllos que tienen el tiempo y la posibilidad de hacer las gestiones y aquéllos que no pueden hacerlas. Por otro lado, los cuidados que parecen favorecidos estarían claramente contentos de poder confiar en la completa y eficiente iniciativa de la Administración Pública, ahorrando el tiempo y las actividades que en la actualidad están constreñidos a dedicar para que sus asuntos lleguen al estadio final en un tiempo razonable y con la garantía de un turno de trabajo rígido, sin preferencias ni favoritismos. La modificación de los turnos de elaboración de cada asunto debería ser expresada en disposiciones escritas y motivadas del jefe del despacho.

3. - Continua. La autenticidad y el valor legal del acto administrativo producido directamente en el aparato e instrumento electrónico u oficialmente archivado en su memoria.

Los aparatos e instrumentos electrónicos permiten la consecución de los objetivos antes analizados, eliminando los inconvenientes del sistema actual y aportando los beneficios que, de otro modo, ni siquiera se podrían admitir por hipótesis. Sin embargo, para la consecución de estos resultados es indispensable que el legislador permita superar todos los obstáculos formales que en la actualidad impiden la más completa utilización.

Claramente, siendo las actividades de la Administración Pública muy variadas en el contenido y en los procedimientos, cada tipo de función pública debería ser objeto de un examen específico conjuntamente por parte de los técnicos y de los juristas.

Por esto tengo que limitarme a delinear solamente las posibles soluciones que me parecen realizables, con la advertencia de que, en la exposición que sigue, tendré principalmente en cuenta los actos y los procedimientos relativos a la nómina, a la carrera y a las retribuciones de los empleados públicos. Haré una explícita referencia a algunos actos o momentos del procedimiento, que debe ser considerado como un mero ejemplo de un tipo de problemas que, con distintos matices, pueden presentarse en cualquier otro procedimiento administrativo que se quiera mecanizar con los aparatos e instrumentos electrónicos.

Para que se lleve a cabo la radical modernización de la actividad administrativa antes dicha es indispensable que la ley reconozca plena validez a los actos administrativos ligados no a la forma escrita sino a la electrónica con la presencia, sin embargo, de todas las garantías de autenticidad.

Un embrión de estos problemas se tuvo en el pasado cuando se admitió la validez de los actos públicos dactilografiados, como los verbales de los procesos y los actos notariales.

Reconozco sin embargo que la propuesta que ahora expondré es mucho más ardua y de empeño.

El punto más importante de la reforma debe ser la inversión de las relaciones entre el legajo de documentos y la elaboración o mecanización electrónica. Actualmente (y no podría ser diversamente dada la legislación actual) el documento escrito y firmado constituye el acto oficial. El aparato electrónico - cuando existe - puede sòlo proporcionar datos que el funcionario introduce en el documento que firma, asumiéndose la responsabilidad (por lo menos teórica) de la exactitud de los datos. (Véase los certificados del registro de vecindad emitidos por el ordenador y luego firmados por un funcionario del Ayuntamiento).

Con el sistema actual vemos con demasiada frecuencia sobre las mesas de los funcionarios montones de cartas diversas, a menudo en un desorden que se espera sea sólo aparente, pero que de todas forma no favorece la afección al trabajo y ciertamente disminuye la productividad. Esta situación debe cambiar radicalmente; debe ser absolutamente evitada la posibilidad de que un documento se pierda y ademàs debe ser posible el más fácil y rápido llamamiento desde el archivo. Si se quiere realizar todo ésto es indispensable que se dé valor legal a la labor de la máquina, en la medida más amplia posible.

Naturalmente la intervención del hombre resulta siempre imprescindible en toda las evaluaciones discrecionales y en todas aquellas operaciones para las cuales la máquina no haya sido todavía predispuesta. Es evidente que la intervención del hombre debe siempre aparecer formalmente, con garantía de autenticidad.

Hoy la garantía de autenticidad està dada por la firma, a menudo acompañada por un sello normalmente a disposición sobre la mesa. No es una garantía absoluta: llega a ser absoluta sòlo en caso de contestación y de pericia sobre la autenticidad de la firma: eventualidad no por cierto frecuente.

En cambio es sabido que la mayor parte de las veces las firmas son, sí, auténticas, pero el contenido no es ni siquiera leído por parte de quien firma. Es una práctica en supinación aceptada; así como se verá, sin embargo, el mayor rigor que deriva de la introducción de los sistemas electrónicos impondría una amplia revisión de la habilitación a la firma, con las más amplias posibilidades de delegación en favor de quien ya efectivamente predispone el acto.

Es ciertamente posible que un acto introducido en la memoria electrónica pueda ser "firmado" por su autor y además con las mayores garantías de autenticidad. Excluiría la verdadera y propia firma, que la máquina podría memorizar bajo la forma de una serie de puntos como las "telefotos". Lo excluiría porque esta firma reproducida sería probablemente imperfecta y por lo tanto no daría garantías. Creo además que predisponer las máquinas para esta función sería difícil y costoso.

La solución ideal debería basarse sobre el sistema de las llave electrónicas, similares al adoptado por los bancos para los cobros automáticos de las cajas continuas. Así como los cuentacorrentistas de los bancos, también los habilitados a la firma de los actos administrativos deberían tener una tarjeta no falsificable, por medio de la cual la máquina debería reconocer a quien la esté utilizando en un momento dado y grabar este reconocimiento. Todo lo anterior se acompañarà con otros eventuales recùrsos y garantías. Sobre la ultima lìnea del acto administrativo debería aparecer:

  1. un símbolo que indica la puesta en función del control de autenticidad;
  2. calificación, nombre y apellido en claro de quien "firma";
  3. otras eventuales indicaciones en claro para los casos de homonimia;
  4. un símbolo que indique que el operador ha digitado sobre el teclado una combinación de letras y números secretos (código personal). Esta garantía ulterior podría ser eliminada para los actos menos importantes;
  5. un símbolo que ateste que haya sido introducida la tarjeta personal; y que esta pertenezca a la persona de los puntos b) y c) y que el código de la letra d) sea exacto y correspondiente a los demás elementos b), c) y e). La máquina debería ser sin embargo predispuesta para la no memorización de los actos para los cuales el control automático antes dicho sea negativo en su éxito.
  6. el código de identificación del terminal. El terminal debe indicarlo necesariamente y automáticamente;
  7. fecha y hora, asimismo insertadas necesariamente y automáticamente;
  8. símbolo que ateste la comprobación, hecho por parte de la máquina, que la persona que ha "firmado" sea habilitada para aquel tipo de actos. También para este propósito se debe observar que la máquina podría ser predispuesta en manera de no recibir del todo los actos procedentes de las personas no habilitadas específicamente para ellos. Para los actos atípicos, en cambio, la única comprobación posible por parte de la maquina es aquella de la letra e).

Naturalmente, el funcionario debe tener la plena responsabilidad de la custodia de la tarjeta, excluyendo la posibilidad de cederla en uso. Si se siente la exigencia de delegar parte del trabajo, el jefe del despacho debe hacerlo formalmente, dando a otro empleado otra tarjeta y dando a la máquina los datos relativos al nuevo funcionario habilitado.

Es esencial que la introducción en la máquina de los datos relativos a las personas habilitadas sea hecha con la máxima garantías, sin ninguna posibilidad de sucesiva manumisión, a menos que no haya una orden o un control por parte del jefe del despacho.

4. - El procedimiento administrativo por medio de las técnicas electrónicas.

De lo anterior se desprende que, con adecuadas reformas legislativas, un acto administrativo pude nacer y existir como electrónico, en sustitución del sistema basado sobre el escrito tradicional. La eventual escrituración - por medio de la impresora acoplada al terminal - debe tener carácter puramente accesorio o instrumental. Es de todas forma oportuno que se mantenga un archivo tradicional en el cual conservar los originales de todos los documentos (certificados, correspondencia etc.) procedentes del privado o de los despachos no unidos al sistema electrónico. Es de todas forma necesario, para el correcto funcionamiento del sistema, que los antes dichos documentos, si relevantes a los fines del procedimiento, sean introducidos en la memoria de la máquina con atestación de "copia conforme" o de "extraído conforme" por parte de un funcionario habilitado. Esta operación es indispensable para hacer menos necesaria la consulta del archivo de papel.

En el caso de eventos accidentales o de usura de la memoria, se debe conservar un archivo electrónico de reserva. Se necesita evaluar además la oportunidad de insertar en el archivo tradicional antes dicho una copia, sacada de la impresora de la maquina, de todo lo que se refiere al acto y al procedimiento.

Llegados a este punto el procedimiento en la nueva perspectiva resulta fácilmente delineable a través de una red de conexión entre varios centros electrónicos que vendrían instituidos en las principales administraciones. Los administraciones menores podrían estar provistas sòlo de los terminales y hacer referencia a los centros mayores.

Pensando en el ejemplo relativo a la administración del estatus individual de un empleado pùblico, excluidas las operaciones relativas a la oposición, todas las demás etapas deberían ser introducidas en el aparato electrónico. Por lo que se refiere a las operaciones de oposición, un funcionario habilitado debería poder insertar en la máquina los elementos necesarios a los sucesivos controles que la ley prevea, comprendida la exposición final y los juicios sobre los candidatos, firmado luego "por copia conforme". Serìa en efecto inoportuno habilitar a la utilización de las máquinas cada componente de las comisiones de oposición, porque son órganos del Estado que tienen una duracion limitada a la realizacion de los actos de la oposición.

Estos actos de la oposición, a través de las conexiones con los terminales o de las conexiones con los centros electrónicos, vendrían automáticamente transferidos a los demás despachos de competencia: despachos consultivos; despachos de control internos y externos; despachos habilitados a la emisión de los decretos de nòmina.

Volviendo a un discurso más general, es indispensable que en cada despacho el acto llegue después de haber sido sometido al mayor numero posible de controles automáticos. El aplicado a los despachos debería estar exento de cumplir todos aquellos controles que puedan ser confiados a la máquina. Y por máquina se entiende o aquella de partida, que rechaza la transmisión o màs radicalmente no memoriza el acto que no corresponda a ciertos requisitos; o puede ser el centro electrónico de llegada que señala automáticamente ciertos errores o ilegitimidad al despacho de procedencia. La doble posibilidad no puede ser excluida, tampoco si puede parecer una iteración. Los despachos públicos tienen en efecto competencias autónomas: el despacho que controla puede considerar correcto un cierto criterio de control, distinto del considerado correcto por el despacho de partida. Consecuentemente los respectivos centros electrónicos podrían ser programados para controles según criterios en contraste. El procedimiento administrativo se detiene si falta el acuerdo entre los dos centros electrónicos, o sea entre las personas que, perteneciendo a dos despachos distintos, han dispuesto los programas de los ordenadores a partir de opiniones jurídicas diversas. En situaciones de este tipo, la máquina, bloqueando el trabajo, solicita a las administraciones la adopción de todos los medios jurídicos previstos por el ordenamiento para la resolución del conflicto de manera definitiva.

El sistema debería prever además toda una serie de operaciones completamente automatizadas, sin la intervención humana. Ante todo debería estar previsto el protocolo en partida y en llegada.

En una estructura organizada compleja, en el centro electrónico no podría faltar un sistema de apartado automático de los actos en los diversos despachos habilitados a las diferentes intervenciones en el procedimiento (por ejemplo, en función de la materia). Los actos atípicos, en cambio, terminarían automáticamente en el terminal del jefe del despacho o de un funcionario determinado, que debería proveer o directamente o apartándolos de los demás.

Toda la administración ordinaria, o sea el trabajo de "rutina", que representa por lo menos el 90% del trabajo administrativo, podría ser cumplida en el curso de los tiempos reales de lectura de los documentos en los "vìdeos" de los terminales por parte de los diferentes funcionarios, con gran ahorro de energía y de gastos, también postales. Los tiempos de espera del ciudadano podrían descender en ciertos casos limite de 5 años a 5 horas, sobre todo cuando deben intervenir despachos diversamente situados en la capital y en otras ciudades. Sòlo para casos establecidos se debería proceder al trabajo sobre el escrito, obtenible a través de la impresora acoplada al terminal. El funcionario habilitado podría querer profundizar particularmente el estudio de la cuestión, utilizando el escrito de papel, o consultar al jefe del despacho, que podría atraer a sí la disposición.

Toda una serie de operaciones deberían ser sustraídas al trabajo humano: por ejemplo, en el progreso económico y de carrera del empleado pùblico, el archivo que contiene el estatus de cada uno podría ser automáticamente actualizado sobre la base de la conexión del ordenador electrónico con un calendario automático. Por lo tanto los diversos ascensos, predispuestos desde el momento de la nòmina, se volverían automáticos (saltos bienales, cambios de parámetro), siempre que no deban intervenir evaluaciones discrecionales y siempre que por los màs diversos motivos no se deba modificar la carrera programada.

El aparato electrónico debería ser capaz de aplicar automáticamente a todos la escala móvil, una vez insertados los elementos generales.

En fin, para profundizar el ejemplo, observado que - si, en el futuro, el empleado pùblico conseguirá tener una tutela similar a la del empleado privado y conseguirá el derecho a la revalorización monetaria y a los intereses sobre los emolumentos atrasados (articulo 429 c.p.c.), como ha sido solicitado también por algunas demandas judiciales pendientes en magistratura del trabajo - entonces el aparato deberá ser idóneo a la aplicación automática del articulo 429 c.p.c. en los pagos de los atrasados, previa introducción de los datos de desvaluación proporcionados por el ISTAT (IPC).

5. - Problemas de carácter practico. Dificultades materiales. El estìmulo al trabajo y el control automático de la productividad. El atraso basado sobre viejos sistemas de trabajos.

Sería un grave error subestimar las dificultades pràcticas que se presentarían por una tan vasta y radical reforma de la actividad administrativa.

Subsisten problemas relativos al coste de las instalaciones y de los gastos derivados de su utilizacion. Pero la inversión económica del Estado sería de las más provechosas, a condición de que las instalaciones vengan utilizadas a pleno ritmo: desgraciadamente sabemos de aparatos comprados y luego dejados sin utilizar y de adquisiciones que luego se han relevado como inadecuadas a los fines y técnicamente anticuadas.

Se necesita pues la máxima cautela en el gasto del dinero pùblico. Para decir la verdad los "cerebros electrónicos" màs modernos son construidos técnicamente con las màs amplias capacidades de memoria y se debe de todas formas elegir entre aquellos dotados de la mayor elasticidad de utilización, para hacer frente aùn a los futuros cambios de opinion con respecto al planteamiento de los sistemas de trabajo, de los controles, de las conexiones, etc. En un largo periodo de tiempo, reduciendo o por lo menos no aumentando el gasto para los empleados públicos implicados en a la gestión de las diligencias, se conseguiría un el balance siempre menos rígido y en consecuencia mas abierto a los gastos sociales y de inversión en estricto sentido.

+Subsisten problemas de preparación de los empleados por lo que afecta a la utilización de las máquinas. Pero estos problemas pueden ser evaluados más de lo que valen solo por parte de quien no haya jamas visto el funcionamiento del terminal: es esto en practica el solo instrumentos que debe saber emplear el funcionario habilitado, y, siendo de utilización continuada, no se debería correr el riesgo de desaprender, en cambio, se verificaría un continuo perfeccionamiento del funcionario-operador.

En la Escuela superior de la Pùblica Administración ya existe la enseñanza de la informática. Pero es evidente, que si se realizara la radical reforma que estoy proponiendo, devendrían necesarios cursos capilares, y a todos los niveles, en relación al uso de los terminales. En las futuras oposiciones debería ser introducida la informática como nueva materia de examen. Y en tal perspectiva la misma escuela media y universitaria no deberían ignorar la disciplina, que ha de ser ensenada a nivel no especialistico.

Diverso es el problema de los técnicos electrónicos y de los programadores, de los cuales aumentaría enormemente la demanda. Las principales administraciones deberían prever en su mismo orgánico sobre todo los programadores, los cuales deberían trabajar en estricto contacto con los despachos y tener constantemente actualizadas las máquinas según las emergentes exigencias, debidas a nuevos planteamientos del trabajo o a nuevas leyes que inciden sobre actos y procedimientos administrativos.

En un primer periodo los programadores podrían ser proporcionados por las empresas privadas. Por lo que se refiere a los demás técnicos, en cambio, deberá ser valuada la oportunidad de que ellos queden siempre privados, enviados por las empresas en base a regulares contractos de asistencia.

Entre las ventajas de la reforma no se debe descuidar el dato psicológico que deriva del hecho de que la presencia de una máquina muy moderna constituya un estimulo al trabajo: el funcionario se siente insertado en un complejo operativo moderno, eficiente, y también costoso, y manifiesta la tendencia a evitar la inactividad del instrumento que se le confía.

Se debe además subrayar que - cuando el sistema será completo y comprenderá el protocolo y el apartado automático de las practicas - si el ritmo del trabajo se encepa en cualquier operador, el inconveniente viene rápidamente relevado y el funcionario está obligado a proporcionar las justificaciones.

Hoy en día, con una tabla embarazada de papeles, el funcionario está siempre íntimamente convencido de ser cargado de trabajo, y tal convencimiento lo tiene también el ciudadano. Por lo tanto una eventual escasa productividad viene difícilmente evidenciada. Por otra parte, faltando un preciso deber de despachar las practicas según un cierto orden, no se puede inculpar el funcionario de descuidar la practica A, aquella B o la practica Z, aunque mas si se considera que a menudo el funcionario podrá demostrar de haber contemporáneamente evidenciado y parcialmente tratado numerosas practicas en el mismo periodo de tiempo. En cambio, con el trabajo programado por la máquina, y con las derogas que solo el jefe del despacho puede prever con disposiciones motivadas, la máquina evidenciará si entre la ultimación de la practica M (por ejemplo a las horas 10) y la ultimación de la practica N (por ejemplo a las horas 13 del mismo día) es transcurrido un tiempo justificado por el tipo de problemas que la practica N pedía. En el curso de la jornada, el funcionario debería despachar 6 practicas de empeño medio de 1 hora, o 3 de empeño de 2 horas o 12 de 30 minutos. Naturalmente estas valuaciones - que corresponden al jefe del despacho - no pueden ser que aproximativas. Pero ciertamente graves disparidades de rendimiento efectivo, respecto al teórico, impondrían las necesarias averiguamiento que hoy en día son casi del todo imposibles.

Subsiste en fin el problema del atrasado planteado sobre el viejo sistema del documento escrito.

Ante de todo parece evidente que durante un periodo de tiempo bastante largo el viejo sistema deberá coexistir con el nuevo. Es pero esencial que una eventual ley de reforma imponga taxativamente que cada nueva practica sea planteada según el nuevo sistema de las máquinas electrónicas.

Para el atrasado ocurre a lo mejor seguir el camino de la selección: muchas practicas, que se pueden considerar de escaso desarrollo futuros, pueden ser dejadas completamente en el viejo planteamiento y no ser insertadas en el ordenador.

Otras practicas (por ejemplo aquella concerniente el estatus de un joven empleado pùblico) podrían ser insertadas en el archivo electrónico por parte de apropiados funcionarios habilitados a firmar electrónicamente "por copia conforme" o "por extraído conforme". En el ejemplo del estatus del pùblico empleado, tal archivación electrónica debería luego concluirse con la programación de la carrera y el progreso económico del interesado.

Por lo que se refiere al adelanto del trabajo atrasado el Estado tendrá necesidad de empleados extraordinarios. Si esto no sería posible, la coexistencia del viejo y del nuevo sistema durará mucho más. Y sería una verdadera lastima, porque el máximo beneficio del nuevo sistema se podrá tener solo cuando el mismo será completado.

La plenitud del sistema será realizada cuando todas las administraciones "hablaran entre ellas" por medio de las conexiones entre centros electrónicos y por medio de los terminales. Pero esto requiere por un lado la plenitud de los aparatos e instrumentos y de la red de conexión; por otro lado es necesario que desaparezca el más pronto posible la "bola al pie" de los viejos y a menudo desordenados documentos de papel, no aun introducidos en el archivo electrónico. De todas forma si nos encaminamos seriamente hacia el nuevo camino y si no abren las nuevas practicas con el viejo sistema, el tiempo atenuará sin embargo la importancia de las viejas practicas y pues será siempre menos frecuente la necesidad de volver a llamarlas manualmente de un polvoroso archivo, en vez de tenerlas a disposición con la búsqueda electrónica.

Ocurre relevar que, mientras para el Estado el problema de las practicas y de los archivos legados al sistema tradicional es particularmente grave, el puede ser afrontado con los mejores perspectivas de rápido éxito por parte de organismos más joven, como las Regiones con el estatuto ordinario. Antes de que el contagio, que deriva de la disfunción estatal, llegue a ser una enfermedad crónica, la adopción de los sistemas de actividad propuestos pondría la Región en vanguardia en la eficiencia operativa; ella podría llegar a ser desde luego el modelo al que el Estado se inspiraría en su evolución necesariamente más lenta.

 

 

(*) La Revista Administrativa manifiesta el placer de publicar el presente articulo del Profesor Giovanni Duni, catedrático de derecho público; escrito en base al cual ha sido expuesta una relación al Congreso "La informática jurídica al servicio del país" celebrado en Roma durante los días 1-2-3- de junio de 1978.